El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Javier Lambán, ha destacado que el PP y el PAR “han hecho un flaco favor a la transparencia y a la regeneración democrática”, al rechazar que no se acumulen cargos y sueldos y que los miembros del Gobierno de Aragón no cobren dietas del Parlamento.
Las propuestas socialistas, que suponen la modificación de la ley del Presidente y de la ley electoral, también fijan un régimen de incompatibilidades, por el que se prohíbe a los consejeros y altos cargos del Ejecutivo autonómico ocupar un puesto en el sector privado (relacionado con el ámbito que ha gestionado) durante los dos años posteriores a dejar su cargo público. Pero populares y aragonesistas también rechazaron este planteamiento.
Javier Lambán ha lamentado que se haya perdido «una oportunidad de oro» para tratar de combatir la desafección ciudadana hacia la política y ha advertido de que Aragón «ha dado hoy un paso atrás en materia de democracia y transparencia».
En primer lugar, Javier Lambán ha propuesto suprimir el pago de dietas al titular de la Presidencia y los consejeros por la asistencia a Consejos de Administración y a actos parlamentarios. La iniciativa pretendía modificar el apartado 2 del artículo 34 de la Ley del Presidente, reformada en 2009, de tal manera que, al contrario de como dispone la normativa vigente, los miembros del Gobierno no pudieran cobrar dietas ni indemnización alguna por los cargos y actividades que el apartado 1 señala como compatibles.
Estas actividades públicas son tener la condición de diputado a Cortes y senador, desempeñar los cargos para los que sean designados como miembros del Ejecutivo, representar a la Comunidad Autónoma en órganos colegiados y el consejos de dirección y administración de organismos públicos y sociedades mercantiles con capital público, representar al Gobierno en instituciones, organismos y empresas públicas del Estado, colaborar con fundaciones públicas y desarrollar misiones temporales de representación ante otros Estados o ante organizaciones o conferencias internacionales.
Además, la proposición de ley que, por los votos de PP y PAR, no se ha tomado en consideración pretendía añadir un párrafo al artículo 36 para que los miembros del Ejecutivo formularan una declaración de sus actividades profesionales, mercantiles o laborales que hubieran desempeñado durante los dos años anteriores a su toma de posesión.
Javier Lambán ha propuesto introducir un nuevo artículo para impedir que los miembros del Consejo de Gobierno y los altos cargos presten sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado hasta dos años después de su cese.
El líder socialista ha rechazado que un gobernante «perciba una doble retribución con cargo al erario público» y ha considerado que participar en consejos de administración «o venir a las Cortes» son actividades que forman parte de la «función ordinaria» de un presidente o un consejero, por lo que ya son retribuidos. Ha tildado de «inapropiado» comparar la actividad pública con la privada.
Lambán ha enmarcado esta proposición de ley en la necesidad de «dignificar» la política, entendida como un «servicio a la sociedad de la que formamos parte» y ha emplazado a todos a «disipar» cualquier duda que haya en la sociedad sobre los intereses privados de los políticos. A colación ha mencionado un discurso del presidente de la II República Manuel Azaña, pronunciado en Bilbao en 1935, cuando afirmó que «la política no es una profesión, es una facultad, una emoción que se tiene o no se tiene, pero no se adquiere».
El también secretario general del PSOE Aragón ha aseverado que «el mundo necesita hombres y mujeres imbuidos de esta facultad, políticos que crean en la política, personas que ejerzan la política como una fuerza capaz de someter a la economía al interés general y mejorar las condiciones de vida de la gente».
Ha calificado de «inútiles y prescindibles» aquellos que consideran que la política se reduce a la «simple gerencia de la Administración», personas que son «perfectamente respetables» pero que no entienden la política como una «vocación», sino como «un cursus honorum» retribuido como en la actividad privada. Ha defendido la política como vocación.
Los ciudadanos, ha agregado Javier Lambán, esperan que los políticos desempeñen su función «para mejorar las condiciones de vida individuales y colectivas» y que sus retribuciones sean «dignas, pero también explicables» y que los políticos sean «impermeables a la coacción o al imperativo de los intereses privados».
DIETAS
La segunda proposición de ley, presentada por el PSOE, abogaba por modificar la Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón para eliminar la posibilidad de que los diputados autonómicos puedan percibir dietas, indemnizaciones o asistencias por el desempeño de otro u otros cargos públicos.
Concretamente, la propuesta se refería al artículo 5 bis de la citada ley, que precisa que los diputados de las Cortes no podrán percibir más de una retribución con cargo a los presupuestos de los órganos constitucionales, de la Diputación General de Aragón o de las Administraciones públicas, sus organismos autónomos, entes públicos y empresas con participación pública, directa o indirecta, mayoritaria, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que les correspondan por el desempeño de otro u otros cargos, aspecto este último que se pretendía suprimir.
El presidente del Grupo Socialista en el Parlamento aragonés, Javier Lambán, ha defendido que «la política se retribuya con dignidad, pero no que por un mismo trabajo se produzcan dos retribuciones».
Concretamente, ha apostado por que los parlamentarios que tienen dedicación exclusiva «no tengan otra retribución que la de diputados» y ha recordado que él también es alcalde de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), pero ha renunciado a las retribuciones que por este puesto le corresponderían al cobrar como diputado.
Según ha argumentado, el objetivo de su iniciativa era que «los políticos tengamos una única retribución de las arcas públicas, que sea digna, pero explicable a los ciudadanos y comprensible por estos y no complementos que parezcan subterfugios para completar el sueldo».
Finalmente, ha reivindicado, para «recuperar la democracia», «mejorar la transparencia, abrir cauces de participación, abriendo de par en par las ventanas y eliminando cualquier forma de sombra» y ha considerado que el rechazo a esta propuesta es «un paso atrás de Aragón en materia de democracia y transparencia».