ELISA SILIÓ / IVANNA VALLESPÍN. Madrid / Barcelona. 17 JUN 2013.
Al menos 30.000 estudiantes universitarios (un 2,3% del total) corren riesgo de ser expulsados de los campus españoles por no poder pagar las matrículas. Esta es otra de las consecuencias de la crisis y los recortes. Las universidades han perdido más de 1.240 millones de euros desde 2008 y en paralelo han aumentado las tasas —hasta 540 euros más de media en primera matrícula—, y se han concedido menos becas al endurecerse los requisitos académicos —del 5,5 de nota media ahora se pide un 6,5—. Y ello en un momento en que la crisis se está cebando con muchos hogares y más estudiantes necesitan ayuda para poder estudiar. Este jueves los vicerrectores de estudiantes de los campus españoles se reunirán en Madrid con los impagos como plato fuerte, aunque muchas universidades ya han buscado soluciones eventuales para este curso. El Ministerio de Educación, por su parte, no tiene previsto un encuentro con los rectores para tratar el asunto.
La cifra de alumnos morosos todavía no es definitiva. Los 30.000 forman parte de la radiografía de este momento, pero los números pueden variar a la baja —algunos podrían pagar in extremis a final de curso para evitar la anulación de su expediente y no tirar por la borda el esfuerzo de meses— pero también al alza: algunas universidades no han incluido todavía en sus estadísticas a los estudiantes a los que se les ha denegado la beca (en Cataluña todavía se están resolviendo las últimas). Esta es una de las causas que pueden disparar aún más la morosidad. Solo unos ejemplos: en la Universidad de Sevilla un 15% más de los alumnos se han quedado sin beca (13.000), en Cataluña las denegaciones han crecido un 20%, mientras en Salamanca han pasado del 38% al 45% (5.853 estudiantes).
Gloria Blanco es uno de estos casos que, por el momento, no aparecen en las estadísticas oficiales. Está en 2º curso de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona y en abril le llegó la notificación de la beca denegada por no cumplir los requisitos académicos: no alcanzaba el 90% de créditos aprobados el curso anterior. “Es injusto. Fue por una asignatura, además de que era de evaluación continua y suspendí solo una de las pruebas. ¡Se supone que debería contar la media!”, se queja esta joven de 26 años que hace un par de semanas decidió abandonar la carrera. Tenía que pagar 800 euros de la matrícula que no tenía. Acabó las clases y los trabajos, pero no se presentó a los exámenes.
La estudiante vive en Santa Coloma de Gramenet con su abuelo y sus dos hermanas de 22 y 25 años. Subsisten con la pensión del abuelo, unos 600 euros. Las hermanas hacen cursos de formación, pero llevan paradas año y medio. Gloria se queja de la poca información y ayuda recibidas por la universidad. “Fui a secretaría porque no quería dejar la carrera, pero no me ofrecieron ninguna solución”, lamenta la joven.
Sea como sea, la cifra de 30.000 estudiantes universitarios —resultado del conteo hecho por EL PAÍS a partir de los datos facilitados por todos los campus públicos, a excepción de algunos centros pequeños, donde el plazo de pago no ha finalizado— pone de relieve una nueva problemática que amenaza con agravarse con la reforma de las becas anunciadas por el Gobierno, que puede dejar a muchos más estudiantes sin ayudas.
El caso más gráfico es el de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) con 10.500 impagos entre alumnos que no solicitaron beca. “El porcentaje de morosos no ha variado aún respecto al año pasado, pero ahora nos van a llover los casos de gente que no puede hacer frente a las tasas”, cuenta Álvaro Jarillo, vicerrector de Estudiantes. Solo 10.402 de los 32.000 estudiantes que pidieron beca la han obtenido, frente a los casi 15.000 del pasado curso, un 31% menos.
Algunas cifras de otras universidades o comunidades autónomas permiten hacerse una idea de la magnitud del problema de los impagos. En Madrid, donde las matrículas se han incrementado un 38% de media, los campus admiten que hay unos 7.000 estudiantes que no han podido hacer frente al pago de las tasas. En Cataluña hay contabilizados al menos 3.000 casos —el triple que hace tres años—, lo que eleva el impago a unos tres millones de euros. En esta comunidad las matrículas subieron hasta el 67% y, pese a que la Generalitat implantó una escala de precios que varía según la renta familiar, la morosidad no se ha frenado.
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