Constatando que las creencias de los seres humanos (religiosas, irreligiosas y de otras naturalezas) están arraigadas en las sociedades humanas y no existiendo posibilidad de negar la veracidad de las mismas (en los términos en que son expuestas éstas creencias) más allá de las consecuencias que genera en las sociedades; y constatando que por causa de la naturaleza y fines de las propias religiones, éstas tienden a no respetar la libertad de conciencia y a imponer sus criterios, visiones y moral sobre los ciudadanos de manera indiscriminada. Las religiones, por ése motivo, deben de ser sustentadas en el ámbito exclusivo de lo privado para darle la oportunidad de abandonar el deseo de influencia en la esfera del poder político – social; mediante el cual pretenden una prevalencia decisiva en las decisiones de los Estados (dando lugar a Estados más o menos Confesionales) que interfieren y realizan injerencia en la vida privada e íntima de los ciudadanos, subordinando la libertad de éstos – mediante el desarrollo de códigos y leyes de conducta ética y moral, – así como en la influencia y subordinación de las instituciones de justicia y sus miembros a seres y designios de naturaleza sobrenatural; y no siendo ajenas, tan poco, al deseo de un trato económico y fiscal especialmente beneficioso.
Todas las formas y creencias sobrenaturales que puede albergar el ser humano forman parte de un imaginario cuyos efectos sobrenaturales difícilmente pueden demostrarse científicamente. Siendo el método científico el instrumento que se ha dado la comunidad internacional para el discernimiento de que un hecho pertenezca al ámbito de la Ciencia (lo real) o no.
Y es, en primera instancia, la secularización el camino que asegura, por medio del laicismo, la libertad de conciencia de los ciudadanos del Estado.
La secularización del Estado es un derecho que tienen todos los ciudadanos de ése Estado a no ser dirigidos, ni evaluados desde perspectivas religiosas, irreligiosas o bajo supuestos antagónicos a estos; generándose una organización del Estado neutral, independiente, no confesional y laico, que basa la justicia en el espíritu de libertad que toda persona tiene a explorar su vida conforme a su propio criterio sin más responsabilidad que los actos materiales que se deriven de sus actos y el respeto a los bienes que el Estado afirma que se deben proteger en razón de la organización y convivencia armónica de la sociedad; es decir: de acuerdo con los derechos civiles y políticos recogidos en las declaraciones de las Naciones Unidas y la protección de niños y demás normas que protegen la integridad del concepto de ser humano y su derecho a la libertad de conciencia como medio para la realización de su plenitud.
La denuncia del Concordato con la Santa Sede es el paso previo necesario para el desarrollo efectivo de la secularización de la sociedad civil y el aseguramiento de un Estado español que respete realmente la libertad de conciencia en todos sus ámbitos y la igualdad de trato de todas las organizaciones ante las leyes.
Miguel Ángel Ibáñez Gómez.