El anuncio de la subida del recibo de la luz que se realizo a final del año pasado llevó el asombro y la indignación a los consumidores, así como la preocupación. Las primera noticias sobre el nuevo encarecimiento de la energía eléctrica hablaban de un 7%, pero ya en Navidad la subasta lo situó en un 11% y forzó al Gobierno a moderar el aumento vía decretó ley, aprobando un 2,3% total para alejar el fantasma del tarifazo y la más que segura contestación ciudadana.
A partir de ese momento se desencadenaron todo tipo de noticias sobre el funcionamiento del sistema eléctrico y las Asociaciones de Consumidores y otros grupos ciudadanos pidieron la retirada de la última reforma eléctrica de 26 de diciembre de 2013, ya que se demostraba incapaz de solventar el problema de los precios, que en seis años han supuesto un aumento del 70% en los recibos de la luz, y el desbordado déficit de la tarifa. ( de hecho, el déficit sigue aumentando considerablemente, llegando, al parecer, a los 30.000 millones, pese a que lo están repercutiendo al pequeño consumidor desde hace años).
Es más el sistema de subastas se ha demostrado ineficaz, ya que, entre 2010 y 2013 ha costado más de mil millones y se calcula que su supresión ahorrara 200 millones de euros, que supondrá una reducción de un 3% en la factura.
Pero hay más. La reforma eléctrica de 2013 incumple la ley en diferentes aspectos, por ejemplo en lo relacionado con el artículo 44 en el que se refleja el derecho de los consumidores a “ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios”. Tampoco se ajusta a los criterios de metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor (que sustituyen a la tarifa de último recurso TUR), ya que los usuarios no conocen las tarifas hasta que reciben las facturas. Como además los precios de cada kw que se consuma a partir de ahora será distinto cada hora de cada día, se generarán sesenta tarifas distintas cada dos meses para los consumidores que tengan tengan los contadores antiguos y para los que tengan el contador de Telegestión ya habilitados, unas 1.500 tarifas. Los que dispongan de un contador de discriminación horaria, pagarán en función del precio de la energía en ese momento.
Con este método inconcebible no será de extrañar que se produzcan nuevas subidas no justificadas, lo que provocará un caos con unos recibos imposibles de entender y que impiden conocer errores o fraudes. Esto llevará a un sinfín de reclamaciones de los consumidores que será imposible atender por lo que quedarán sin resolución.
La alternativa a este procedimiento pasa por calcular el gasto medio de varias familias, para aplicar el precio en las facturas del pequeño consumidor.
La reforma también, vulnera la Ley española vigente desde los años 80 de protección de los consumidores, que dice: que no pueden modificarse tarifas de un servicio sin informar previamente a los usuarios, para decidir si aceptan o no las nuevas condiciones.
La información sobre el precio de un servicio previo a su contratación es un derecho fundamental de los consumidores, lo recogen los artículos 20 y 60 del Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre donde se aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.
También el artículo 85.10 de esta norma considera abusivas “las cláusulas que prevean la estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio”
De las facturas de la luz que recibimos, estimamos que resultan imposibles de descifrar, pues conocemos que aproximadamente un 40% correspondería al consumo de luz con sus correspondientes impuestos del 21% de IVA, más un 8% aproximadamente del impuesto eléctrico que se destina a financiar a las CC AA. Además, de manera indirecta, se repercuten otros impuestos a la generación o a la distribución de la electricidad que no se explican en la factura, quedando por explicar otros conceptos de lo que pagamos en la factura de la luz y que son opacos.
A la fecha de hoy los consumidores nos negamos a entrar a discutir si este Decreto Ley del Gobierno favorece a las empresas eléctricas o no, lo que en realidad interesa a los consumidores es,
Que el Sector eléctrico recomponga su regulación en un gran acuerdo con unas bases reguladoras seguras y estables que hagan frente a los desequilibrios de corto plazo y nos permitan ir hacia un sistema Eléctrico más seguro y más justo, con un reparto equilibrado de costes entre productores, consumidores y contribuyentes, y ello implica que el Gobierno en solitario fije una tarifa que garantice el acceso a la energía, y que no penalice el autoconsumo.
Igualmente se deben de prever ayudas aparte de la del bono Social para grupos con dificultades que no puedan pagar la factura en cualquier fecha del año.
Y el hecho es que el precio de la luz resulta injusto para todo el mundo desde hace años a pesar del esfuerzo que han efectuado los consumidores, que han sustituido la mayoría de los electrodomésticos, han reducido el consumo y vienen reduciendo la potencia contratada, encontrándose con que ahora suben el precio de la potencia, lo que termina penalizando el ahorro.
Para conseguir la transparencia que se necesita en la información de la factura al respecto, sería necesario que el recibo de la luz estuviera compuesto por el gasto de la energía consumida y los impuestos correspondientes debidamente especificados.
En la cuestión del déficit tarifario se debería de efectuar una quita por fin, o en su defecto dividir esa deuda en tres partes: Estado, empresas y consumidores, mientras que las subvenciones, las tasas y los impuestos ajenos al gasto de la energía eléctrica consumida tendrían que ser asumidos por los Presupuestos Generales del Estado, en vez de incluirlos en la factura de la luz.