El grupo socialista de la Diputación de Zaragoza rechaza las acusaciones vertidas por los portavoces del PP y C´s sobre la falta de consenso con el que ha salido el Plan Unificado de Subvenciones de la DPZ, el DPZ PLUS.
El portavoz del grupo socialista, Francisco Compés, ha asegurado que antes y durante del verano se celebraron reuniones tanto con los grupos de la diputación (la última en una junta de portavoces monográfica celebrada el 27 de julio sobre este tema) como con todos los alcaldes de la provincia en el III foro de alcaldes, celebrado el 20 de junio, y donde se recabaron aportaciones para mejorar el diseño de este plan. Por lo tanto, es falso que no se haya consensuado.
El grupo socialista provincial entiende que las críticas tienen que ver más con el fondo que con la forma, es decir, con la distribución objetiva y matemática de los fondos, que ha puesto fin a la discrecionalidad en el reparto del dinero público, y con la discriminación positiva de los municipios más pequeños que tiene como objetivo garantizar unos servicios e infraestructuras mínimas en todo el territorio para combatir la despoblación. “Si lo quiere el PP es dar más dinero a los municipios más grandes a costa de la superviviencia de los más pequeños que lo diga públicamente y no se ande con rodeos”, ha concluido el portavoz socialista.
Desde el grupo socialista han recordado que la opinión satisfactoria del PLUS es un clamor entre los alcaldes de la provincia de todos los grupos políticos, incluidos los de estos dos partidos, y así se lo han hecho saber de forma pública y privada a los miembros del equipo de gobierno. Sin embargo, los portavoces del PP y C´s de la Diputación de Zaragoza se esconden en cuestiones de forma y mentiras para no tener que reconocer ante estos cuáles son sus verdaderas discrepancias. “El cortijo sería en todo caso lo que había antes, cuando se decidía el destino y el destinatario de buena parte de los fondos”, han señalado en referencia a las acusaciones recibidas.
Este sentido han recordado que el DPZ Plus ha supuesto la emancipación de los ayuntamientos, dándonles más autonomía local, al ajustarse a las necesidades de cada municipio; más previsión, porque los alcaldes conocen con antelación la financiación que va a recibir cada año y pueden presupuestarla; más objetividad, porque hay una cantidad fija por municipio y otra variable por población para garantizar unos servicios mínimos; y más agilidad, porque los trámites se simplifican mediante una convocatoria única frente a la atomización actual de los planes.
De esta forma los ayuntamientos ya no se ven abocados tampoco a esperar qué planes salen durante el año y a solicitarlos aunque no respondan a las prioridades de la localidad; ni tampoco a “mendigar” otras ayudas al margen de los planes que salían.