El Gobierno de Sánchez Quero aprueba la creación del servicio público Ecoprovincia para trasladar los residuos de la provincia al CTRUZ

Este servicio permitirá a los 292 municipios de la provincia cumplir con la directiva europea que les obliga a reciclar al menos el 50% de sus basuras para el año 2020.

Zaragoza, 31 de julio de 2018.- La Diputación de Zaragoza ha aprobado de forma inicial la creación del servicio público Ecoprovincia para la transferencia, tratamiento y transporte de residuos domésticos y comerciales de la provincia al CTRUZ de Zaragoza. Este nuevo servicio, impulsado por el Gobierno de Sánchez Quero, permitirá a los ayuntamientos de la provincia cumplir la directiva europea que les obliga a reciclar al menos la mitad de sus basuras para el año 2020.

Según ha señalado esta mañana su vicepresidente, Martín Llanas, con Ecoprovincia la DPZ «se adelanta a las exigencias europeas» y da así «un paso muy importante» para la puesta en marcha de este servicio integral de transporte y tratamiento de residuos para que los municipios cumplan con esa obligación legal.

Con una inversión de 4,4 millones de euros, que será asumida por la Diputación de Zaragoza, el servicio prevé la construcción de seis plantas de tratamiento. Las dos primeras se empezarán a construir en las zonas de Calatayud y La Almunia en el 2018, ya que el actual vertedero está a punto de colmatarse. En el 2019 tocará el turno a las plantas de Borja y Ejea; y en el 2020 a las de Alagón y Quinto.

El traslado de residuos al CTRUZ de Zaragoza es posible en virtud del convenio firmado recientemente entre ambas instituciones para cuatro años, prorrogables por otros dos periodos de dos años, según el cual la Diputación de Zaragoza tendrá que pagar al Ayuntamiento de Zaragoza la tasa establecida en cada momento para las entidades locales en la ordenanza municipal, que es actualmente 24 euros por tonelada. Para el cumplimiento de esta exigencia legal, Ecoprovincia se perfila como la mejor alternativa para el tratamiento de sus residuos, ya que la otra opción sería que los municipios y las comarcas pongan en marcha sus propios centros de reciclaje que encarecerían hasta tres veces más el servicio.