La Diputación de Zaragoza cerró 2018 con un superávit de 13,2 millones de euros y un remanente de tesorería de 45,5 millones

Sánchez Quero lamenta que la institución dispone de 31 millones que no podrá invertir en los municipios y reclama al futuro nuevo Gobierno que derogue o modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria
Además de conocer la liquidación del presupuesto, el pleno ha aprobado una declaración institucional en apoyo del reconocimiento de la jota como Patrimonio de la Humanidad y una moción de homenaje a la II República.

Zaragoza, 10 de abril de 2019.- El plenode la Diputación de Zaragoza ha tomado conocimiento hoy de la liquidación del presupuesto de la institución de 2018, que se cerró con un superávit de 13,2 millones de euros y un remanente de tesorería a 31 de diciembre de 45,5 millones de euros. En la sesión también se ha dado cuenta del informe de intervención que pone de manifiesto que el año pasado la DPZ cumplió todos los objetivos marcados en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

“Un año más, desde el equipo de gobierno de la Diputación de Zaragoza hemos hecho los deberes y volvemos a presentar unas cuentas con superávit, que cumplen la regla del techo de gasto y que directamente no tienen ni un solo euro de deuda, ya que la que había se terminó de amortizar el pasado 31 de diciembre”, ha destacado el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, quien además ha adelantado que ya se está trabajando para convocar un plan de inversiones financieramente sostenibles (IFS) de hasta 14 millones de euros.

No obstante, Sánchez Quero ha recordado que la DPZ dispone actualmente de otros 31 millones de euros más que no se pueden utilizar por las trabas que establece la misma Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. “De nuevo disponemos de una cantidad de dinero importante que no podemos destinar a hacer inversiones en los municipios, por eso hoy quiero apelar al nuevo Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril a que derogue esa norma o que al menos permita invertir su remanente de tesorería a aquellos municipios y diputaciones que cumplan los objetivos de estabilidad presupuestarias”, ha reclamado.

El presidente ha recordado que, según los datos de la Federación Española de Municipios y Provincia, las entidades locales tienen a su disposición actualmente unos 31.000 millones de euros que no pueden utilizar. “Imagínense ustedes si esos 31.000 millones los destinásemos a combatir la despoblación… En los ayuntamientos y las diputaciones llevamos muchos años haciendo un  esfuerzo en este sentido  y ya está bien que se utilice a las entidades locales para controlar el déficit de las comunidades autónomas y la propia Administración General del Estado”, ha criticado Sánchez Quero, quien también ha reclamado al futuro Gobierno central a solventar otra “asignatura pendiente”: negociar y establecer una nueva ley de financiación para las corporaciones locales.

Declaración institucional en apoyo a la jota aragonesa

En el pleno de hoy, que ha sido el ordinario correspondiente al mes de abril, también se ha aprobado por unanimidad una declaración institucional de todos los grupos políticos que manifiesta el apoyo de la Diputación de Zaragoza a la iniciativa impulsada por la Academia de las Artes del Folclore y de la Jota Aragonesa para que la jota aragonesa sea reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.  “La jota es una de las mayores expresiones culturales, populares y artísticas de nuestro país y todos los aragoneses nos sentimos orgullosos y nos identificamos con ella, por eso como presidente es para mí un honor que todos los grupos de la Diputación de Zaragoza se hayan puesto de acuerdo para respaldar la candidatura”, ha subrayado Sánchez Quero.

Moción en homenaje a la II República

Además, también se ha aprobado una moción presentada por En Común en homenaje a la II República que ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Ciudadanos y Chunta y el rechazo del PP –el PAR se ha ausentado del debate y de la votación–. El texto acuerda reconocer la II República como un sistema de gobierno “democrático y parlamentario”; reconocer “el extraordinario papel” desarrollado por las víctimas del franquismo en la consecución de la democracia; condenar el golpe de Estado de 1936 y el sucesivo régimen franquista; instar al Gobierno de Aragón al desarrollo de la Ley de Memoria Democrática de Aragón; y facilitar, apoyar y promover actos de reconocimiento por parte de asociaciones memorialistas.