Zaragoza, 15 de mayo de 2026.- Las Oficinas Liquidadoras de Tributos de la provincia de Zaragoza han demostrado durante años ser una herramienta esencial para garantizar una Administración cercana, eficaz y accesible para todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Su presencia en el territorio ha permitido que miles de vecinos puedan realizar sus gestiones sin tener que desplazarse decenas de kilómetros hasta la capital, fortaleciendo así un modelo de atención pública basado en la proximidad y en la igualdad de oportunidades. Los socialistas aseguran que mantener estas oficinas abiertas no es solo una cuestión administrativa, sino también un compromiso político con el equilibrio territorial y con la vertebración de Aragón.
La secretaria general de los socialistas zaragozanos, Teresa Ladrero, ha expresado su firme rechazo a la intención del Gobierno de Aragón de cerrar estas oficinas en diez municipios de la provincia y su disconformidad con la centralización de otras oficinas liquidadoras en las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs) porque es una maniobra para confundir a las personas, y una manera encubierta de seguir desmantelando estos recursos.
Esta amenaza a la continuidad de las oficinas fue también objeto de debate en el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, que celebró el miércoles la corporación provincial, donde el PSOE y el resto de partidos progresistas sacaron adelante una moción para garantizar el mantenimiento de las oficinas liquidadoras de tributos.
“El modelo descentralizado de gestión tributaria ha sido una evidencia clara de que los servicios públicos funcionan mejor cuando están cerca de las personas”, asegura Ladrero, quien recalca “su contribución a la igualdad entre territorios, evitando que los municipios rurales queden relegados frente a las grandes ciudades. Por eso, el cierre de oficinas supondría avanzar en la dirección contraria: más desigualdad, más centralización y más dificultades para el medio rural”, asegura la responsable de los socialistas zaragozanos.
“Se trata de un perjuicio claro, sin ningún miramiento a los ciudadanos”. Los socialistas censuran además la cobardía del Ejecutivo que en vez de explicar sus intenciones claramente las envuelve en imprecisiones y falsedades. De hecho, el cierre de oficinas no se corresponde con un aumento de puntos de atención centralizados y en el caso de que las oficinas comarcales agrarias integren a las liquidadoras de tributos, no habrá posibilidades más allá de entregar documentos, porque no contarán con personal cualificado ni con capacidad para recibir los tributos de un particular.
Ladrero no pasa por alto que este servicio resulta especialmente importante para las personas mayores, que representan una parte muy significativa de la población en muchos municipios zaragozanos. Las Oficinas Liquidadoras “ayudan a combatir tanto la brecha territorial como la brecha digital” ofreciendo atención presencial y acompañamiento directo a quienes tienen más dificultades para relacionarse con la administración exclusivamente por vía telemática. “La transformación digital debe servir para ampliar derechos y facilitar trámites, nunca para excluir a quienes necesitan una atención más cercana y humana”, afirma Ladrero.
Cualquier modificación del actual modelo o cualquier decisión que pueda implicar el cierre de oficinas debe abordarse desde el diálogo institucional, la transparencia y el consenso con el territorio. “No se puede tomar una decisión de esta magnitud sin escuchar previamente a los ayuntamientos, a las comarcas y a los vecinos afectados, sin evaluar de manera rigurosa el impacto económico y social que tendría sobre los municipios. “Las políticas públicas deben construirse contando con el territorio, no dándole la espalda”.
La lucha contra la despoblación exige garantizar oportunidades para todos y los servicios públicos han demostrado que permiten fijar población y mantener la actividad en los municipios. “Las Oficinas Liquidadoras son un ejemplo de ello: generan cercanía, seguridad y confianza en las instituciones. Defender su continuidad es defender un modelo de provincia más equilibrado, más justo y más cohesionado”, concluye Ladrero.