Calatayud (Zaragoza), 30 de mayo de 2026.- El PSOE de Calatayud rechaza la decisión del Ayuntamiento de la capital bilbilitana, dirigido por el popular José Manuel Aranda, de privatizar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), y pide la dimisión de la concejala de Servicios Sociales, Simona Dragan, por permanecer cruzada de brazos mientras se desmantela este servicio público que lleva cuatro décadas atendiendo a los mayores de la localidad.
La portavoz de los socialistas, Sandra Marín, que participará mañana, domingo 31 de mayo, en la concentración que han convocado las trabajadoras del SAD a las 12.00 horas en el paseo Cortes de Aragón, ya expresó su oposición a la iniciativa municipal de entregar este servicio a una empresa, bajo la excusa de que Calatayud no tiene “medios técnicos, sistemas de gestión y estructura organizativa suficiente para prestar este servicio”.
Marín se preguntó en sesión plenaria cómo se había podido prestar la atención domiciliaria durante 38 años “sin incidencias graves, con profesionales altamente cualificadas y con un reconocimiento generalizado por parte de usuarios y familias” con las carencias que apunta ahora el equipo de Gobierno.
La portavoz socialista explicó que se trata de una decisión que se ha ido larvando desde 2024, cuando ya se vio el primer recorte presupuestario en Servicios Sociales. Ahora, y revestido con una memoria que habla de horas de servicios perdidas por bajas, asuntos propios y visitas al médico, se desmantela un servicio “sin defender a los 250 usuarios de esta prestación esencial, sin defender a las trabajadoras, y sin ningún respeto por lo público que pasa a convertirse en un negocio para una empresa privada”.
Por estas razones Marín solicitó la dimisión de la concejala de Servicios Sociales, porque “quien ocupa ese puesto tiene la obligación de defender y fortalecer los servicios públicos, y en cambio participa activamente en su privatización junto al alcalde de la ciudad”.
La portavoz socialista asegura que es “una incongruencia” que el alcalde diga que, si hay un servicio inadecuado por parte de la empresa, rescatará el servicio, “porque evidencia que no hay ningún estudio serio que avale la privatización más allá de convertir a los vulnerables en mercancía”, recalca Sandra Marín.