Zaragoza, 7 de junio de 2026.- Tal día como hoy, el 7 de junio de 1936, se aprobaba el Anteproyecto de Ley del Estatuto de Autonomía de Aragón durante la Segunda República Española, conocido coloquialmente como Estatuto de Caspe. En aquella localidad del Bajo Aragón zaragozano, representantes de distintos partidos se reunieron en el mes de mayo para elaborar un texto legal que debía ser ratificado posteriormente por las Cortes Generales.
Sus 21 artículos incluían competencias exclusivas en materias como la policía y el orden público, la administración de justicia, la educación o los servicios sociales —entonces conocidos como beneficencia—, además de otras cuestiones como el derecho civil y un sistema de financiación con Hacienda propia. Esta institución iba a gestionar sus impuestos, los de las diputaciones y aquellos cedidos por el Estado, cuyo Gobierno central no podría imponer nuevos tributos sin la conformidad del autonómico. Fue el primer proyecto político autonomista aragonés viable y con encaje en la Constitución vigente.
La secretaria general de los socialistas zaragozanos, Teresa Ladrero, ha querido destacar el valor histórico de un estatuto que, al igual que los de Cataluña y el País Vasco, podría haber permitido que Aragón contara con una autonomía propia para decidir sobre sus servicios públicos.
“La memoria democrática no es un sentimiento de melancolía o revancha, sino la defensa de la democracia frente a la dictadura y de lo plural frente a lo violento”, ha recalcado.
El golpe de Estado de 1936 encabezado por el general Franco, la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista impidieron durante más de cuatro décadas que Aragón pudiera contar con un gobierno autonómico y que los aragoneses pudieran vivir en libertad.