En el día Internacional de las Personas Mayores, celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 1991, un acontecimiento que tiene como objetivo promover políticas y programas públicos, centrados en las personas mayores, con el objetivo de que pasen, de ser un sujeto pasivo que sólo observa transcurrir su existencia, a un sujeto activo, con un proyecto de vida, aportando su experiencia, su conocimiento, participando en la sociedad y promoviendo una visión positiva y real del envejecimiento, entendido como una etapa más de la vida de las personas.
El aumento de la esperanza de vida obliga a adaptar, y modernizar, las políticas y servicios sociales para que den respuesta a los retos del presente, y del futuro, siendo esencial pasar de un enfoque meramente asistencialista a otro de derechos.
En Aragón el porcentaje de población mayor de 65 años alcanza el 22,6%, con un indice de envejecimiento, del 163,5%, máximo histórico, una de las tasas más altas de nuestro pais.
La actual situación de los mayores exige, de los poderes públicos, respuestas adecuadas en distintos ámbitos: pensiones, extensión de la atención gerontológica, cobertura adecuada de la atención residencial y en centros de día. Debe asegurarse la potenciación de los servicios del catálogo de atención a la dependencia que faciliten la permanencia del mayor en su entorno: servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia y, en su caso, asistente personal.
Sumado a lo anterior, debemos hacer una obligada referencia a la necesidad de abordar otras situaciones que afectan a la vida del mayor: la discriminación por edad (edadismo), malos tratos, soledad no deseada, barreras digitales, vivienda, transporte….. El gran objetivo, debe ser la mejora de la calidad de vida de las personas mayores., garantizando sus derechos.
El reto que tienen las distintas administraciones públicas es el desarrollo de La Reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia de 2026, aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados el 16 de septiembre de 2026 (Ley de Dependencia y Discapacidad)
Esta reforma supone una transformación, en profundidad, de los Sistemas de cuidados, creando nuevos derechos y ampliando prestaciones.
La aprobación de esta ley es un hito político, casi impensable, por el clima de crispación que rige, en la actualidad, la relación de los partidos del Gobierno con lo partidos de la derecha y extrema derecha.
Esta ley supone un avance importante porque asegura una extensión de los servicios recogidos en el catálogo de atención a la dependencia, permite la concurrencia de distintas prestaciones a la misma persona y reconoce derechos y mejora de las condiciones laborales y económicas de los cuidadores. Profesionaliza los cuidados que, en su mayoria, es un sector altamente feminizado.
Junto a la ampliación de derechos, se acompaña una financiación histórica de 6.200 millones para 2026 y 2027. La reforma asegura la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación de la dependencia.
En el último índice DEC elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, Aragón ocupa la octava posición de Comunidades Autónomas por gasto destinado a Servicios Sociales. En materia de dependencia desciende el porcentaje del PIB, al 1,36 frente al 1,51 destinado a colectivos como mayores dependientes, discapacitados y otras ayudas, respecto a otros ejecicios anteriores.
Señala el informe que es una de las Comunidades que menos atención presta a estos colectivos, en cuanto a las horas de la ayuda a domicilio que está muy por debajo de la media estatal, así como la cobertura de los Centros de día. Más de 8.000 personas mayores continuan esperando una plaza pública o concertada. Estos datos ponen de manifiesto la evidencia de que los servicios sociales en nuestra Comunidad sufren desidia e incompetencia por parte de nuestros gobernantes.
Como es sabido, la gestión de la atención a los mayore es competencia de las Comunidades autónomas. La reforma, en materia de dependencia, pone a disposición de Aragón, en 2026, algo más de 180 millones de euros. Los datos que acabamos de reseñar, nos obligan a estar vigilantes de la aplicación que hace el Gobierno de Aragón con la ampliación de los recursos citados. Creemos, con esto, que el actual Gobierno de Aragon no tiene excusa para implementar las correspondientes actuaciones que mejoren la calidad de atención a las personas mayores.
El Partido Socialista tiene un compromiso, claramente explicitado, con la actualización de las pensiones al IPC, garantizando la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social y la solidaridad intergeneracional, base del sistema de protección, asegurando la atención a los mayores en general y, la atención a las personas con dependencia y discapacidad en particular. No debemos olvidar que la ley De Atención a la Dependencia, del año 2.006, fue impulsada y propuesta por el Partido Socialista.
Carmina Melendo Vera
Secretaria de Mayores y Envejecimiento activo en la
Comisión Ejecutiva Provincial PSOE