Zaragoza, 07 de agosto de 2025.- El Grupo Provincial Socialista ha registrado una moción en la Diputación Provincial de Zaragoza para defender la profesionalidad, imparcialidad e independencia del funcionariado y personal técnico, tanto de la institución provincial como de los ayuntamientos de la provincia, con especial atención a los secretarios, interventores y tesoreros de la administración local.
La moción, presentada por el portavoz socialista Francisco Compés, responde a las recientes declaraciones de representantes del Partido Popular, que han señalado y cuestionado públicamente el trabajo de funcionarios y técnicos municipales. De forma particular, se denuncia la actitud de la portavoz del Grupo Popular en la DPZ, María del Carmen Lázaro, por lanzar acusaciones sin fundamento y con fines partidistas contra trabajadores públicos.
“El objetivo de esta moción es claro: defender la profesionalidad y el trabajo silencioso y riguroso de quienes garantizan el buen funcionamiento de nuestros ayuntamientos y de la Diputación. Secretarios, interventores, tesoreros y el conjunto del personal técnico merecen respeto, no ataques políticos”, ha afirmado Francisco Compés.
Desde el PSOE se subraya que estas acusaciones no solo son injustas, sino que además suponen un intento de instrumentalizar las instituciones para sembrar dudas sobre el trabajo de quienes actúan con plena independencia y al servicio del interés general.
La iniciativa también pone el foco en la inacción del Gobierno de Aragón en la provisión de puestos clave en la administración local. Por ello, los socialistas solicitan la dimisión de Marina Sevilla, Directora General de Administración Local del Gobierno de Aragón, por no garantizar la cobertura de vacantes y por no velar por la adecuada custodia de los documentos oficiales remitidos por los ayuntamientos.
Sobre el caso concreto del municipio de Aguarón, el PSOE recuerda que la actuación de la Diputación se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente, mediante la figura de la comisión circunstancial, tal como contempla el reglamento regulador de la asistencia jurídico-administrativa, y como ya ha sucedido en múltiples ocasiones anteriores.
“Las instituciones no pueden ser utilizadas como altavoz para dañar la reputación de los trabajadores públicos. Los funcionarios están para garantizar la legalidad, no para soportar acusaciones sin pruebas por parte de políticos en busca de titulares”, ha añadido Compés.
La moción reclama cinco acuerdos, entre ellos el reconocimiento expreso por parte del Pleno a la independencia de los empleados públicos y la exigencia de dimisión de las responsables políticas que han protagonizado esta campaña de desprestigio.
El PSOE reafirma su compromiso con el municipalismo, la autonomía local, el respeto a la Ley y la defensa del Estado de Derecho.