Tarazona (Zaragoza), 30 de abril de 2026.- El PSOE de Tarazona rechaza la intención del Gobierno de Aragón de cerrar, a partir del 30 de junio, 25 oficinas liquidadoras de tributos distribuidas por el territorio, porque además de dificultar las gestiones de los ciudadanos del medio rural, supone un claro golpe a la cohesión territorial y a la igualdad de derechos.
Aunque la moción que defendió ayer el Grupo Socialista en el Pleno de Tarazona no logró romper el voto de la derecha y no obtuvo mayoría, la portavoz del PSOE, Leticia Soria, logró poner negro sobre blanco y evidenciar las consecuencias del cierre de estas oficinas, más allá de la imposibilidad de los ciudadanos de hacer frente al pago de sus tributos sin afrontar desplazamientos hasta las capitales de provincia.
El cierre de las oficinas, entre ellas la de Tarazona, pondrá fin, a partir del último día de junio, a 37 años de colaboración entre el Ejecutivo autonómico y el Colegio de Registradores de la Propiedad, ratificada a través de diferentes convenios. Es decir, el cierre de las oficinas suprimirá 47 puestos de trabajo además de “un servicio de cercanía y proximidad”. A partir de la clausura de las oficinas, los ciudadanos que tengan que liquidar tributos con el Gobierno de Aragón deberán asumir costes y trastornos para desplazarse a las capitales de provincia, o lo que es lo mismo “en 2026 el Gobierno de Azcón pondrá fin de un plumazo al acceso equitativo a un servicio público, que funcionaba correctamente hace casi cuatro décadas”, recalca Leticia Soria.
Y no solo se trata de la incomodidad que genera a los ciudadanos, porque además sentirán en sus propias carnes, una vez más, la falta de servicios, y el desamparo del Gobierno de Aragón, ya que la presencia de estas oficinas ayuda a paliar la dificultad de acceso a internet que se da en determinados ámbitos del medio rural y a superar la brecha digital que sufre una parte de la ciudadanía, recalca la portavoz socialista.
Soria, consciente de que Azcón empieza un perverso adelgazamiento de la estructura autonómica por la parte más vulnerable, instó al alcalde, el popular Pedro Jaray, a revertir esta situación y a trasladar al Gobierno de Aragón la necesidad de renovar de nuevo el convenio de las oficinas liquidadoras con el Colegio de Registradores de la Propiedad para favorecer las obligaciones de los contribuyentes en pie de igualdad. y para que el discurso de la despoblación no sean palabras huecas, sino que demuestre un esfuerzo por proteger y fijar a la población en las localidades del medio rural.
Esta misma preocupación se comparte en otros ayuntamientos de la provincia, donde el PSOE está presentando mociones en el mismo sentido para tratar de evitar la desaparición de estas oficinas. De la misma manera, los socialistas defenderán en el pleno de mayo en la Diputación de Zaragoza los argumentos a favor de mantener este servicio, que denota la capacidad que la Administración tiene para mantener la vida en los pueblos.