Se trata de una medida de carácter excepcional que ha puesto en marcha la Diputación de Zaragoza para aliviar la situación que están atravesando los ayuntamientos debido a la crisis económica.
Los socialistas critican que el Partido Popular se abstenga alegando que se trata de un mero reparto y que el fondo de la cuestión es que los grandes ayuntamientos son prestadores de más competencias impropias y tienen más deudas que los municipios pequeños.
El PSOE entiende que todos los ayuntamientos asumen competencias que les son impropias y les suponen un elevado gasto en las arcas municipales, y que los servicios que prestan son proporcionales a su número de habitantes.
El criterio de reparto de los socialistas es siempre proporcional a lo que cada municipio representa, puesto que todos los ayuntamientos prestan servicios en las medida de sus posibilidades, por lo que el criterio del PP supondría un agravio comparativo al beneficiar a las grandes localidades obviando las necesidades de las más pequeñas.