Arguilé recordó en su intervención que desde 1981 está autorizada la transferencia de aguas desde dos canales laterales del delta del río Ebro para abastecimiento urbano e industrial de los municipios de la provincia de Tarragona.
El caudal concedido es de 4 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a un máximo de 126 hectómetros cúbicos al año. Arguilé recordó que no se utiliza la totalidad de la concesión, sino que sobran entre 40 y 50 hectómetros cúbicos anuales «que no los usan pero los tienen concedidos».
Precisamente esa cantidad es la que se va a utilizar para el abastecimiento de agua a Barcelona por lo que el consejero insistió en que «no se detrae más agua del Ebro» y no hay ninguna nueva transferencia.
Por otro lado, Gonzalo Arguilé incidió en que se trata de una «cesión temporal» y concluirá automáticamente 30 días después de entrar en funcionamiento la desaladora de Barcelona o quedara superada la actual situación de sequía.
Por su parte, Javier Lambán se refirió a la «falsa polémica» que se ha generado en torno al abastecimiento del agua a Barcelona. A su juicio se trata de una «pura operación política de acoso y derribo a Marcelino Iglesias y al PSOE aragonés».
Lambán calificó de «penosa, patética y un ejercicio de cinismo» la actitud del Partido Popular en todo este asunto «tratando de identificar el trasvase propuesto por Aznar con el abastecimiento de agua a Barcelona», puesto que las diferencias entre ambos «son clamorosas».
El socialista también subrayó que «no estaremos nunca en contra de suministrar agua a un ciudadano español cuando la necesite». Y «siendo compresivos con el Gobierno y con Cataluña, debemos ser exigentes con nuestro Ejecutivo para decirle que queremos ser tratados con la misma celeridad», aseveró, en alusión a las obras del Pacto del Agua y en concreto, el recrecimiento de Yesa.